El comedor de Babel

Hay países que imaginan el futuro como una biblioteca. Otros, como un casino. En los primeros, cada aula es una modesta máquina del tiempo: allí se fabrica la posibilidad de que un niño pobre no herede fatalmente la pobreza, de que una muchacha descubra en una ecuación una puerta, de que un gurí que hoy espera el plato del comedor mañana diseñe el puente, el programa, el telescopio o la vacuna. En los segundos, el porvenir se tira sobre una mesa verde, se invierte en la timba, se celebra la ganancia rápida y luego se pregunta, con gesto ofendido, por qué falta mano de obra calificada.

Uruguay, que tantas veces se pensó a sí mismo como una república de escuela pública, parece estar entrando en una paradoja triste: necesita trabajadores formados, ciudadanos críticos, técnicos capaces, docentes preparados, estudiantes sostenidos; pero congela, posterga o adelgaza la inversión que permite producir exactamente eso. Es como exigir cosecha después de haber vendido las semillas. La metáfora es sencilla, casi grosera, pero la realidad lo es más.

La industria y el comercio se quejan de que no encuentran personal cualificado. Tienen razón en una parte del diagnóstico: sin educación sólida no hay productividad sostenida, ni innovación, ni país competitivo. Pero el problema empieza cuando esa queja convive cómodamente con una estructura económica que prefiere el beneficio inmediato antes que la inversión social de largo plazo. Las grandes fortunas suelen tener una notable capacidad para descubrir oportunidades donde hay rentabilidad rápida y una notable miopía cuando se trata de financiar las condiciones que hacen posible una sociedad decente. La civilización, parece, rinde poco en el trimestre.

Mientras tanto, la escuela real no ocurre en los discursos. Ocurre en salones superpoblados, donde un docente intenta multiplicarse como si fuera una criatura mitológica mal paga y peor descansada. Ocurre bajo goteras que convierten el techo en una hipótesis meteorológica. Ocurre en edificios cansados, en baños que no siempre están en condiciones, en pasillos donde la falta de personal no es una estadística sino una ausencia concreta. Ocurre en horas puente, en turnos libres, en recreos que dejan de ser recreos porque alguien tiene que cubrir el agujero que el sistema dejó abierto.

Y allí aparece el comedor.

El comedor escolar no es un accesorio. No es una cortesía administrativa. No es una nota al pie en el presupuesto. Para demasiados estudiantes, es parte esencial de la jornada educativa. Nadie aprende bien con hambre. Nadie abstrae el sistema solar, la sintaxis o las ecuaciones de segundo grado mientras el cuerpo está reclamando lo elemental. Sagan nos habría recordado que somos materia estelar, sí, pero esa materia estelar necesita arroz, guiso, fruta, pan, agua y alguien que sirva el plato.

Pero si no hay personal, la solución mágica es siempre la misma: que lo hagan los docentes.

El docente, en esta versión absurda del país, debe enseñar, contener, planificar, corregir, escuchar, mediar conflictos, llenar formularios, adaptarse a carencias, explicar lo inexplicable, improvisar con recursos mínimos y, cuando queda un hueco, atender el comedor. No porque sea parte natural de su tarea pedagógica, sino porque el sistema ha decidido que la vocación es una forma barata de reemplazar presupuesto.

La palabra vocación ha sido usada demasiadas veces como ganzúa moral. Sirve para abrir la puerta de la explotación sin hacer ruido. Si un docente protesta, se le recuerda que trabaja con niños. Si reclama condiciones, se le pregunta por su amor a la enseñanza. Si se agota, se le exige resiliencia. Si hace paro, se lo acusa de abandonar a los estudiantes. El mecanismo es antiguo: convertir la ética de quien trabaja en coartada de quien administra mal.

Pero un paro docente no siempre es una huelga por salario. A veces es algo más elemental y más grave: una huelga para poder trabajar. Parece un oxímoron, pero tal vez toda la educación pública contemporánea esté entrando en ese territorio imposible. Parar para enseñar. Suspender la clase para defender la posibilidad de que exista la clase. Interrumpir la normalidad porque la normalidad ya era una forma de colapso.

Hay una crueldad discreta en llamar “normalidad” a un edificio con goteras, a un grupo desbordado, a un comedor sin personal, a un profesor haciendo de auxiliar, psicólogo, administrativo y bombero simbólico. La normalidad, cuando se degrada lo suficiente, se vuelve invisible. Uno se acostumbra a la pared rajada, al cargo sin cubrir, al cansancio acumulado, a que todo funcione por heroísmo. Pero una república no puede depender del heroísmo cotidiano de sus trabajadores. El heroísmo es admirable en una emergencia; como política pública, es una confesión de fracaso.

Asimov imaginó robots obligados por leyes internas a proteger a los seres humanos. Nosotros, menos elegantes, hemos construido instituciones que parecen regidas por una ley inversa: ningún presupuesto dañará directamente a un Excel, aunque por omisión pueda dañar a un niño. La ironía sería brillante si no fuera miserable.

La educación es una tecnología lenta. No produce milagros instantáneos. Sus resultados no caben en la ansiedad del mercado ni en el calendario electoral. Un niño que aprende hoy quizá sostenga el país dentro de veinte años. Una maestra que logra que una adolescente no abandone el liceo tal vez haya cambiado una línea entera de descendencia. Un profesor que enseña pensamiento crítico está fabricando una forma de libertad que no se puede importar en contenedores.

Por eso la inversión educativa no es gasto. Es infraestructura temporal. Es el puente entre el país que existe y el país que todavía no sabe si va a existir. Cada peso que se retacea allí vuelve después como problema social, como baja productividad, como violencia, como frustración, como emigración de talento, como ciudadanía debilitada. Lo que no se paga en aulas se paga luego en cárceles, subsidios, emergencias, diagnósticos tardíos y oportunidades perdidas.

La queja empresarial por falta de mano de obra cualificada debería venir acompañada de una exigencia feroz de inversión educativa. No por caridad. Por inteligencia. Un país no puede pedir ingenieros, técnicos, programadores, enfermeros, docentes, electricistas, científicos y trabajadores especializados mientras deja que la formación de esas personas dependa de edificios vencidos y docentes exhaustos. La mano de obra calificada no cae del cielo. Tampoco sale de la timba. Se construye con años de escuela, alimentación, estabilidad, tiempo, libros, laboratorios, vínculos, exigencia y cuidado.

El docente que hoy atiende un comedor porque falta personal no está ampliando su nobleza: está cubriendo una falla estructural. El profesor que corrige de madrugada no está demostrando amor infinito: está pagando con vida privada la deuda del sistema. La maestra que compra materiales con su bolsillo no es una postal tierna: es una alarma institucional. Nos hemos acostumbrado a romantizar el sacrificio ajeno porque sale más barato que resolverlo.

Y sin embargo, allí siguen. Enseñando. Sosteniendo. Inventando orden donde hay desorden. Explicando mundos posibles en aulas que a veces parecen pedir disculpas por existir. En esa persistencia hay una dignidad inmensa, pero también una advertencia: ninguna dignidad humana es inagotable.

El paro docente, visto desde lejos, puede parecer una interrupción. Visto de cerca, es un mensaje escrito en la pared húmeda de la escuela pública: así no se puede. No se puede enseñar bien con grupos imposibles. No se puede cuidar comedores sin personal suficiente. No se puede exigir calidad mientras se naturaliza la sobrecarga. No se puede pedir futuro y financiar ruina. No se puede invocar la educación como camino de ascenso mientras se la organiza como camino hacia la locura.

Una sociedad revela su verdadero proyecto no en sus himnos, sino en sus presupuestos. Allí está la metafísica concreta del Estado. Allí se ve qué vidas importan, qué problemas se consideran urgentes y qué futuro se está dispuesto a construir. Si la educación queda congelada mientras la especulación baila, el país ya eligió una pedagogía: enseña que la rentabilidad inmediata vale más que la inteligencia colectiva.

Pero todavía hay otra posibilidad.

Consiste en recordar que una escuela no es un depósito de niños, ni un comedor improvisado, ni una oficina de contención social atendida por docentes al borde del agotamiento. Una escuela es uno de los pocos lugares donde la democracia deja de ser palabra y se vuelve práctica diaria. Allí se sientan, bajo el mismo techo, futuros que el mercado separaría de entrada. Allí la República tiene la oportunidad de corregir, aunque sea parcialmente, las desigualdades que tolera afuera.

Defender la educación pública no es defender un gremio contra el país. Es defender al país contra su propia ceguera. Los docentes que paran para poder trabajar no están cerrando una puerta; están señalando que la puerta se está cayendo. Y que detrás de esa puerta no está solamente su salario, ni su cansancio, ni su jornada imposible. Está el porvenir de todos, incluso de quienes hoy creen que el futuro puede comprarse hecho, como si viniera empaquetado desde otro mundo más serio.

La pregunta no es cuánto cuesta sostener la educación. La pregunta verdadera, la que nadie quiere mirar demasiado tiempo, es cuánto cuesta abandonarla.

Y esa cuenta, tarde o temprano, siempre llega.